La administración de Donald Trump representará una etapa completamente nueva y apartada de lo hecho por Joe Biden en términos de Inteligencia Artificial , pues el presidente 47 de los Estados Unidos derogó una orden ejecutiva de 2023 que buscaba reducir los riesgos potenciales de la IA para usuarios, trabajadores e incluso para la seguridad nacional. Esta era una de las regulaciones más importantes que había incentivado Biden para el desarrollo y uso seguro, confiable y protegido de la IA, pues imponía a las principales empresas del sector la responsabilidad de divulgar sus resultados en pruebas de seguridad y más información referente a sus sistemas al gobierno. Dicha política incluso derivó en la creación del Instituto de Seguridad de IA en los Estados Unidos, un organismo que se estaba encargando de crear pautas y mejores prácticas para el uso de esta tecnología.
¿Qué decía la orden ejecutiva de Biden para regular la IA?
Sin embargo, desde que fue elegido como el siguiente presidente de Estados Unidos, Trump se encargó de criticar todas las políticas en términos de IA de Biden, señalando que se trataba de regulaciones demasiado estrictas y que limitan la innovación en el mercado. Hasta el momento, Trump no ha detallado cuál será su política oficial de trabajo en torno a la Inteligencia Artificial, pero nombró a David Sack como el zar de la cripto-IA, y este nombramiento es relevante, pues Sack ha sido un importante crítico de las regulaciones tecnológicas. Asimismo, el desarrollo de la IA se ha ubicado como uno de los temas prioritarios en su agenda, pues considera que se trata de una tecnología diferencial tanto en temas de liderazgo internacional como en seguridad nacional. La orden se firmó en octubre de 2023 y se trató de la primera acción por parte del gobierno estadounidense en torno a la IA para impulsar la seguridad, la no discrminación y la investigación sobre el impacto del desarrollo de esta tecnología. De acuerdo con el documento, en el desarrollo de la IA se debían crear nuevos estándares de seguridad exigiendo a empresas a compartir los resultados de sus pruebas con el gobierno federal, además de obligar el uso de marcas de agua para transparentar el uso de la tecnología. También era necesario proteger la privacidad de los consumidores a partir de pautas para que las agencias tuvieran una guía sobre cómo actuar ante la IA, al igual que promover la equidad y los derechos civiles, es decir, evitar que los algoritmos fomenten la discriminación, además de que la IA asumiera un papel apropiado en el sistema de justicia. Al respecto de la seguridad de los datos, la orden establecía la necesidad de evaluar cómo se recopilan y utiliza la información disponible comercialmente, incluidos aquellos datos comprados a terceros, especialmente cuando involucran información personal. También proponía apoyar a los trabajadores, por medio de un informe del impacto de la IA en el mercado laboral, así como promover la innovación y competencia, especialmente en áreas como el cambio climático. Por otra parte, requería el trabajo con socios internacionales para que las reglas se implementaran a nivel mundial, además de desarrollar directrices para el uso y adquisición de la tecnología a nivel gobierno para tener a gente capacitada en esta tecnología.
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