Los problemas de Google con el Departamento de Justicia de Estados Unidos podrían traer consecuencias que hace años no se han visto en el mercado estadounidense. Después de que Amit Mehta, la jueza de este organismo, determinó que Google es un “monopolio” que ha dependido de miles de millones de dólares en pagos a socios como Apple, Samsung y AT&T (incluidos 26,300 millones de dólares solo en 2021) para garantizar que su motor de búsqueda esté habilitado de forma predeterminada en la mayoría de los teléfonos inteligentes. La empresa señaló a Expansión que reconoce que su motor de búsqueda es útil y por ello es que no se debería poner a disposición tan fácilmente esa herramienta.
“Valoramos que el Tribunal afirme que Google es ‘el motor de búsqueda de más alta calidad de la industria, que se ha ganado la confianza de cientos de millones de usuarios diarios’, y que ‘ha sido durante mucho tiempo el mejor motor de búsqueda, especialmente en dispositivos móviles’, ‘ha seguido innovando en la búsqueda’ y que ‘Apple y Mozilla evalúan ocasionalmente la calidad de búsqueda de Google en relación con sus rivales y encuentran que la de Google es superior’. Considerando esto, y que las personas buscan información cada vez más y de nuevas maneras, planeamos apelar. Mientras este proceso continúa, seguiremos enfocados en crear productos que las personas encuentren útiles y fáciles de usar”, señaló, Kent Walker, presidente de Asuntos Globales. Sin embargo, aunque único, no sería el primer caso que obliga a escindir una compañía. El DOJ, en colaboración con la Comisión Federal de Comercio (FTC), puede solicitar a las empresas que vendan o separen partes de sus negocios en casos donde una empresa tiene un poder de mercado significativo que podría perjudicar a los consumidores o a la competencia. Estos son algunos casos:
Standard Oil (1911) Standard Oil, fundada por John D. Rockefeller, dominaba la industria del petróleo en el país vecino, controlando cerca del 90% del mercado en su punto máximo. Por ello, en 1911, la Corte Suprema de EU dictaminó que Standard Oil había violado las leyes antimonopolio del país y ordenó su desmantelamiento en 34 empresas más pequeñas, entre ellas Exxon, Mobil y Chevron. Este caso sentó precedentes para la aplicación de leyes antimonopolio y fue fundamental para el desarrollo de la competencia en la industria del petróleo.
American Tobacco Company (1911) Similar al caso de Standard Oil, la Corte Suprema dictaminó que American Tobacco Company violaba las leyes antimonopolio y ordenó su desmantelamiento en varias empresas independientes. El caso fragmentó el monopolio en empresas más pequeñas, lo que fomentó la competencia en el mercado del tabaco, aunque muchas de estas empresas eran ‘hermanas’.
AT&T (1982) De acuerdo con ambos organismos AT&T tenía un monopolio en el sector de telecomunicaciones en EU, controlando tanto las líneas telefónicas locales como las de larga distancia., por ello en 1974, el DOJ presentó una demanda antimonopolio contra la compañía y en 1982, la firma acordó desmantelar su monopolio en una histórica escisión. La compañía se dividió en siete “Baby Bells” que operaban en diferentes regiones de Estados Unidos.
Microsoft (2000) La big tech fue acusada de prácticas anticompetitivas, especialmente en relación con el uso de su sistema operativo Windows para ganar ventaja en el mercado de navegadores web con Internet Explorer. Por esta razón en el 2000, un juez federal dictaminó que Microsoft debía dividirse en dos compañías separadas: una para los sistemas operativos y otra para las aplicaciones de software. Sin embargo, tras apelaciones, el DOJ acordó con Microsoft en 2001 un arreglo en lugar de una escisión. Parte de este acuerdo fue que la empresa de tecnología cambiaría ciertas prácticas comerciales, pero evitó la división, aunque el caso llevó a una mayor regulación de sus prácticas y abrió el camino para la competencia en software y navegadores web, es uno de los antecedentes más cercanos al caso Google, donde finalmente quien ganó fue la compañía.
Altria y Juul Labs (2020) En 2018, Altria, una de las mayores compañías de tabaco del mundo, adquirió una participación del 35% en Juul Labs, una empresa líder en la producción de cigarrillos electrónicos, pero en 2020, el DOJ demandó a Altria y Juul por prácticas anticompetitivas, alegando que la participación de Altria en Juul eliminaba la competencia en el mercado de cigarrillos electrónicos. El caso aún está en litigio, pero plantea la posibilidad de desinversión o cambios estructurales en la relación entre ambas empresas.
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