Altán Redes es en una pieza clave para el proyecto de conectividad del presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso, de la próxima administración. El gobierno tiene clara la necesidad de mantener sanas las finanzas de la compañía, por ello la existencia de un acuerdo: compartir infraestructura e ingresos. Altán hace dos años signó con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) un acuerdo – luego de recibir inversión de capital de 161 millones de pesos por parte de la Banca Nacional de Desarrollo para reestructurar su deuda financiera- que estipula dejar de desplegar infraestructura con la finalidad de mejorar su flujo de caja. En cambio debe apoyarse de toda la infraestructura que despliegue CFE TEIT como son las torres y antenas, reveló una fuente con conocimiento del tema que pidió no ser identificada porque el asunto no es público.
Cuando Altán y el gobierno alcanzaron el acuerdo, el proyecto de CFE TEIT comenzó a tomar fuerza con el anuncio de la instalación de 2,800 antenas en el país para conectar a 6.4 millones de mexicanos ubicados en 18,634 poblaciones que no tenían acceso a internet. Sumado a la instalación de torres, que de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por Expansión, se habían instalado el año pasado 4,177 torres con una inversión de 6,146 millones de pesos. Carlos Lerma, CEO de Altán, el pasado 4 de julio aseguró en la conferencia matutina del presidente que cuenta con el 95.3% de cobertura nacional, con la cual se cubren más de 127,000 localidades con tecnología 4.5G. E incluso dijo al cierre de este año colocarían 2, 629 torres. “Pero desde el año pasado es una realidad que Altán Redes ya no despliega nada de infraestructura sólo utiliza lo que coloca CFE TEIT. La propia empresa dijo hace poco que tiene más del 94% de la cobertura, pero no es verdad, apenas tiene el 74%, el demás porcentaje es de la infraestructura y acceso que tiene en convenio con otros operadores”, aseguró una fuente con conocimiento del tema pero que pidió no ser citada. Una de las obligaciones de Altán, dentro de su concesión, es desplegar infraestructura para cumplir con hitos de cobertura estipuladas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y que son vigiladas por el Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (Promtel), por lo que la falta de colocación de sitios podría ser una falta a sus obligaciones. Sin embargo, Jorge Bravo, analista de Digital Policy Law, opina que aunque Altán tiene la obligación de lograr sus hitos de cobertura, la empresa puede valerse de un modelo colaborativo para evitar la duplicidad de esfuerzos de conectividad y que le permita mantener una salud financiera. “El modelo original de la Red Compartida no funcionó pero el nuevo Altán Redes es diferente porque ya fue rescatado por el gobierno y la participación más importante es pública, por lo que su alianza con CFT TEIT cambia las condiciones y no tiene caso que dupliquen esfuerzos, recursos e infraestructura”, aseguró el especialista.
Los ingresos se van a CFE TEIT El acuerdo ha permitido a Altán tener mejores estados financieros. En 2023, La Red Compartida facturó 6,000 millones de pesos y para el cierre de este año se estima que duplicará esta cantidad, permitiéndo lograr un equilibrio operativo rumbo al primer trimestre de 2025, reveló la fuente con conocimiento del tema a este medio. El incremento de ingresos se debe a un mayor número de clientes, que han llegado a su operación, como son los Operadores Móviles Virtuales (OMV), mismos que crecen por encima de los grandes operadores de telecomunicaciones. Pero las ventas totales que ha comenzado a generar la compañía no se quedan en su operación. La otra parte del acuerdo estipula que Altán debe entregar el 70% de sus ingresos a CFE TEIT para que pueda seguir desplegando infraestructura y con ello evitar problemas financieros. Esto significa que la subsidiaria de la CFE recibiría al cierre de este año 8,400 millones de pesos. Para Bravo la compartición de ingresos es lo más importante porque cualquier modelo de negocio debe ser sostenible. Tanto CFE y Altán son empresas públicas o con participación estatal, por lo que las ventas generadas deben contribuir al cierre de la brecha digital, adquirir espectro radioeléctrico o rediseñar la estrategia financiera. “En todo caso, debe cuidarse que no suceda un daño patrimonial o un uso ineficiente de los recursos”, dijo el analista. El plan rumbo a la otra administración es controlar por completo Altán para continuar con el proyecto de cierre de brecha digital, pero aún no se tiene claridad este cambio implicaría que los ingresos totales pasarían a la estatal o si se mantendría el esquema actual.
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