La eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se torna más palpable con la aprobación, en lo general, del dictamen para extinguir a los entes autónomos. Sin embargo, materializar dicho proyecto, creado por el partido de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, traerá afectaciones para pequeños operadores y radiodifusores, de acuerdo con expertos. Sin la existencia de este organismo autónomo, el Ejecutivo asumirá la autoridad en materia de conectividad y radiodifusión, incluyendo el otorgamiento de títulos de concesión y la determinación de los montos de contraprestaciones. Esto generará más obstáculos para que los proyectos comunitarios, que ofrecen servicios de conectividad y radiodifusión, obtengan los permisos necesarios.
Hasta antes de la creación del IFT, en 2013, la entrega de concesiones era uno de los mayores calvarios para los interesados en obtener un título para la venta de servicios de telecomunicaciones y la difusión de sus contenidos, en especial para las radios comunitarias. Conseguir una concesión de radio para AM o FM requería contar con capacidad financiera y especificaciones técnicas para el uso de bandas, aseguró Oswaldo Martínez, encargado de la radio comunitaria Bëë Xhidza Aire Zapoteco, en una entrevista de enero de 2023 con Expansión . Pero el IFT, junto con la UNESCO, habilitaron nuevos mecanismos más sencillos para acceder a un título de concesión, añadió. Desde la fundación del regulador de telecomunicaciones, la adjudicación de títulos para operar se agilizó. Datos del IFT destacan que han dado 2,630 concesiones, de las cuales 1,494 corresponden a telecomunicaciones: comerciales (1,318), social (21), de uso social indígena (4) y públicas (151); mientras que en radiodifusión se asignaron 1,136 concesiones de bandas de frecuencias, de las cuales 277 son para uso comercial; 432 social; 147 comunitarias; 27 indígenas y 253 públicas. Estos avances van camino a perderse, según los especialistas. “El problema de la eliminación no solo es en términos técnicos, también en comprender las necesidades de las comunidades. El Instituto hacía un buen trabajo en este tema, a través del acercamiento con estas para saber sus necesidades y con ello poder generar oportunidades para radiodifusoras indígenas y pequeños operadores en la habilitación de sus servicios. Sin duda estos proyectos se verán afectados”, aseguró Jorge Moreno, abogado y especialista en telecomunicaciones. Una radio indígena requiere inversión para mantenerse al aire. Bëë Xhidza Aire Zapoteco necesita un millón de pesos al año, sin contar la contraprestación por el uso de bandas. Pero este tipo de radiodifusoras son de gran importancia para preservar la cultura y lengua mediante su programación. Mientras que llevar conectividad a zonas remotas o pueblos es una tarea complicada en el país, en especial donde habitan menos de 50 habitantes. En la actualidad existen pequeños operadores como la única opción para las neceisades de conectividad de estos sitios, gracias a que muchos de estos proyectos corresponden a pequeñas y medianas empresas (pymes) o, incluso, a negocios familiares que se unen para solicitar permisos al IFT. Algunos de los proyectos de conectividad son Cablesur Telekom, Cable Z, MayaCon, KBlex, Telesur, TCI, Regucom, Velocom, entre otros. Mismos que tendrían incertidumbre en el futuro. “El tener un regulador había dado resultados. Trajo más competencia y opciones al sector como ha sido la entrada de estos pequeños operadores o radios no comerciales y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes difícilmente podrá replicar algo así. Creo que el gobierno de transición aún debería revisar todos los efectos que traerá esta reforma a largo plazo, en especial para los usuarios”, dijo Moreno.
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